dilluns, 26 setembre de 2011

Movimientos Sociales y Conflictos Territoriales


Podemos afirmar que en Catalunya existe un movimiento en defensa del territorio, que se articula en infinidad de movilizaciones concretas para determinados conflictos. El origen de este movimiento cabe buscarlo en algunas corrientes del movimiento ecologista, las movilizaciones vecinales de los años sesenta y setenta, los movimientos antiglobalizadores, y una cierta relación con movimientos de tipo independentista.

La dinámica de los conflictos viene marcada por la existencia de éstos movimientos o movilizaciones. Se caracterizan generalmente por los siguientes hechos:

·         Organización del movimiento, generalmente en forma de Plataforma Ciudadana, que suele iniciarse con la promulgación de un manifiesto y la recogida de firmas de adhesión. Su nivel organizativo suele ser bajo, basado en aportaciones particulares y de voluntariado, y sus decisiones son asamblearias. Cuentan a menudo con el apoyo de partidos o instituciones, pero siempre con un papel subalterno.

·         Objetivos, que suele ser uno sólo, la retirada del proyecto anunciado o la limitación de sus efectos. Esto hace que muchos movimientos tengan una duración limitada en el tiempo, que se circunscribe a la resolución (positiva o negativa) del conflicto.

·         El carácter apolítico y autónomo del movimiento, que nace de la desconfianza en los partidos políticos e instituciones, y de su capacidad para resolver el conflicto en cuestión, lo que no impide que sean aceptados como miembros adheridos al mismo, o a utilizar los mecanismos de la Administración como canal para la difusión de las reivindicaciones y para tratar de obtener resoluciones positivas.

·         Las formas de actuación, por regla general tendentes a atraer la atención de los medios de comunicación. Debido a la escasez de recursos de estos movimientos, a menudo se buscan acciones espectaculares que garanticen la atención de los medios.

·         Los argumentos utilizados para justificar el rechazo, son en la mayoría de los casos de tipo ambiental, de riesgos para la salud o de seguridad personal, y, el más importante, el desacuerdo por la elección del territorio dónde localizar la acción.

·         El rendimiento del conflicto, definido como el aprovechamiento de las oportunidades, que se ha demostrado a lo largo de otros conflictos, es posible, pues el coste de la acción es bajo y las posibilidades de éxito, notables.



Factores de localización

Veamos ahora, que factores influyen a la hora de decidir la localización de un proyecto público o un equipamiento, ya sea por parte de la Administración, como por una empresa privada. Hay dos maneras de enfocar ésta localización:

·         La regulación general, que establece la localización a través de un proceso en el que se analizan los parámetros de la cuestión y las ubicaciones alternativas en función de criterios técnicos y políticos, y que llevan a la Administración a tomar una decisión que se impone al lugar afectado en base al interés general y la legitimidad de la decisión. Es el llamado “método comprensivo”.

·         El tratamiento individualizado del caso, que comporta la decisión de la localización a criterios de conveniencia por parte de la Administración o de la empresa promotora, y que se intenta imponer con la negociación de contrapartidas. Nos encontramos ante el “método de mercado”.

Sin embargo, en uno y otro caso, los proyectos de actuaciones tanto de la Administración como de las empresas, han chocado con la oposición de movimientos sociales de diversa índole. Uno de los motivos, es la ausencia de una planificación territorial supramunicipal, pendiente de su puesta en marcha desde 1983, en que comenzó a elaborarse. Desde entonces se han priorizado más los planes urbanísticos que los territoriales, y se han elaborado algunos planes sectoriales que no han evitado la generación de conflictos. Esta tendencia ha cambiado en los últimos años, con una voluntad mayor de desarrollar los planes territoriales con una visión supramunicipal, y con una mayor cooperación entre todos los agentes implicados.

A nivel europeo, se ha creado un marco de ordenación territorial (ETE, Estrategia Territorial Europea), con el objetivo de lograr un desarrollo regional policéntrico con una mejor gestión de la naturaleza y el patrimonio cultural. Hay que decir, no obstante, que la Unión Europea no tiene competencias en materia de gestión territorial, por lo que el documento no deja de ser una orientación sobre las políticas a desarrollar.

Otros factores han influido de manera decisiva en la proliferación de conflictos:

·         Las limitaciones en la táctica negociadora por parte de los promotores, que generalmente han anunciado la localización de un proyecto de forma sorpresiva, y dando por hecho que era la única posible, hecho que ha provocado el rechazo de los afectados. También la política de “sondeo” ejercida por la Administración ha evidenciado su debilidad ante los agentes locales y ha promovido su fortalecimiento.

·         Las dudas o contradicciones en el interior de la Administración, con intereses enfrentados a nivel local o nacional, y entre los mismos niveles administrativos con otros órganos sectoriales, o incluso dentro de los mismos partidos políticos. A este factor, contribuye de forma importante la nueva distribución del poder en las Administraciones, que ha pasado de ser único a estar definido por una serie de niveles que deben gestionar una doble dinámica de competencia externa y cooperación interna.

·         Las dificultades para encontrar bases comunes para el diálogo, a menudo provocadas por la diferencia de lenguajes utilizados por las dos partes del conflicto, de carácter técnico por parte de la Administración y más político o ideológico por parte de los movimientos. Esto se ve agravado por la cada vez mayor necesidad de legitimar un proyecto con la participación de los agentes sociales.



En busca de soluciones

Pero cabe preguntarse, si los movimientos sociales son una alternativa válida para la resolución de los conflictos planteados, o desde otro punto de vista,  si la Administración podría adoptar formas de actuación que permitieran una solución beneficiosa para la mayoría de la población. Parece claro, que para que los movimientos sociales puedan ser influyentes en una mejor ordenación territorial, deben superar su localismo, apoliticismo y carácter defensivo, para convertirse en fuerza transformadora con intervenciones proactivas, decisiones políticas y compromisos institucionales. Dos requisitos son imprescindibles para que se produzca este cambio:

·         La voluntad del movimiento de superar el problema local y conectarlo con cuestiones de carácter más general, para lo que necesita de un proyecto que transforme su idea de resistencia inicial, en un manifiesto de proposiciones proactivas encaminadas a la resolución alternativa de los conflictos sin perjuicio de ningún sector.

·         El abandono de los postulados apolíticos y más aún los antipolíticos. Está claro, que la base de todos los conflictos territoriales, es la política, entendida como la lucha por el poder de decisión. Para lograr un diálogo de igual a igual, los movimientos han de adentrarse en el mundo de la política con nuevas propuestas capaces de cambiar el curso de los acontecimientos.

Pero no sólo han de cambiar los movimientos sociales, también la Administración ha de enfocar los temas con otra actitud. Este cambio pasa por la aceptación de nuevas vías de diálogo más participativas, que no sólo se limiten a la representación electoral, y que transforme ésta en una democracia deliberativa, en un proceso de debate permanente entre ciudadanos, y ciudadanos con la Administración, que permita obtener una visión más real de los conflictos y de la manera en que deben afrontarse. Pero para que éste proceso de debate tenga éxito ha de existir una confianza ciega en su validez, la seguridad de que no se trata de un simple formalismo. También los ciudadanos afectados directamente por el proyecto, deben tener la seguridad de que sin su consentimiento, éste no se llevará a cabo, y que en caso de su aceptación, ésta no actuará en forma de imán atrayendo otro tipo de proyectos similares y concentrándolos en un solo territorio.

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